Tener documentación facilita a familia salvadoreña el acceso a empleo y educación en Nuevo León
Obtener documentos de identidad oficiales en México cambió la vida de María, una mujer refugiada salvadoreña, de 30 años, que vive con su esposo y sus dos hijos adolescentes en el estado de Nuevo León.
Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) ha facilitado que María y su esposo accedan a empleos formales, ella como operadora de empaque en una compañía procesadora de carne y él como guardia de seguridad. La CURP también ha permitido que sus hijos puedan ir a la escuela.
“Cuando no tenía la CURP era medio difícil porque me la pedían en todos lados, hasta para la escuela de los niños y ahora que ya la tengo es más fácil, no tengo que batallar”, comentó María.
La CURP sirve para registrar en forma individual a todas las personas que residen en México, nacionales y extranjeras, para formar parte del registro poblacional y constituye la llave para acceder a programas y servicios públicos.
Dentro de los esfuerzos del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Registro Nacional de Población y el Registro Civil de Nuevo León iniciaron un programa piloto a nivel estatal que permite a las personas solicitantes de asilo y refugiadas obtener la CURP, acreditar su identidad y acceder a diversos servicios como salud, educación y empleo. La familia de María fue de las primeras beneficiarias.
Antes de tener la CURP, señaló María, sus hijos podían inscribirse en la escuela, pero no tenían acceso a las calificaciones, hoy no tienen ningún obstáculo y sus hijos van contentos a sus clases. El más pequeño, de 10 años, quiere ser policía, el de 13, sueña con ser doctor.
“En la pandemia tomaron las clases en línea, casi no podían estudiar, pero ahora ya están en la escuela y lo disfrutan mucho. Los veo levantarse temprano y acomodar sus cosas para irse a la escuela y me da mucho gusto”, dijo.
Desde diciembre de 2019, se han expedido más de 700 claves CURP a familias y personas solicitantes de la condición de refugiado como parte de este programa en Nuevo León. El esquema se ha replicado en Baja California, y está previsto que entre en vigor en los estados de México, Querétaro, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Coahuila.