Honduras

El MIRPS en Honduras

Según datos oficiales, al menos 247,090 personas fueron desplazadas internamente entre 2004 y 2018. Desde 2015, 437,773 hondureños han sido retornados, con el número más alto de deportaciones recibidas en el 2019 con 109,185 personas. Por otro lado, desde el 2014, 353 personas solicitaron asilo en Honduras, principalmente nacionales de Nicaragua. Estas cifras evidencian la necesidad de consolidar un esquema de respuesta integral para la población desplazada internamente, los retornados con necesidades de protección, así como los refugiados y solicitantes de asilo en el país. Para responder a ello, Honduras adoptó el MIRPS en 2017, y desde entonces ha avanzado en la implementación de sus compromisos con el fin de asegurar la protección y soluciones para estas personas de interés. No obstante, se requiere el apoyo de la comunidad internacional para: (i) continuar impulsando la consolidación del marco normativo e institucional; (ii) mejorar las condiciones de recepción, y los mecanismos de protección y asistencia; y (iii) vincular los mecanismos de asistencia a los programas de protección social y medios de vida para ampliar las posibilidades de soluciones duraderas, entre otras.

Áreas de Enfoque del Plan de Acción Nacional

Protección

29 compromisos

Empleos y medios de vida 

2 compromisos

Educación

1 compromiso

Para leer el Plan de Acción Nacional de Honduras, click aquí:

Logros Recientes

II Estudio de caracterización del desplazamiento interno por la violencia en Honduras

2004-2018 que permitió conocer la magnitud del desplazamiento, las principales causas e impactos, así como los municipios con mayor nivel de afectación. Esta información cuantitativa y cualitativamente relevante ha permitido: (i) visibilizar la necesidad de promover una respuesta integral al desplazamiento interno a nivel nacional y local; (ii) sustentar la formulación e implementación de las políticas públicas en datos poblacional y geográficamente diferenciados; y (iii) fortalecer las capacidades de las instituciones y organizaciones que implementan acciones en favor de la población desplazada y en riesgo de desplazamiento.

Proyecto de ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente

que materializa el trabajo técnico y coordinado entre las instituciones del Estado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, bajo el liderazgo de la Secretaría de Derechos Humanos, para consolidar un marco legal que garantice los derechos de la población desplazada. Este proyecto de ley cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional y está por la fase de debate en el Pleno del Congreso, previo a constituirse en una ley nacional.

Activación de esquemas de asistencia y protección a la población desplazada

a través de la implementación de modelos de atención institucionales que han permitido activar la respuesta estatal frente a casos individuales, así como avanzar en la consolidación de lecciones aprendidas que serán fundamentales para la formulación de los procesos y procedimientos requeridos para consolidar la reglamentación de la ley.

Desarrollo del sistema de protección de bienes abandonados o despojados por la violencia

que permitirá avanzar en un marco legal que garantice los derechos a la tierra, vivienda y propiedad de la población desplazada.

Activación de esquemas descentralizados para el procesamiento de las solicitudes de asilo

a través de la implementación de brigadas móviles de registro y entrevista, así como la habilitación de delegaciones fronterizas para el registro de solicitudes eliminan barreras para acceder al proceso de solicitud de asilo a aquellas personas más vulnerables en zonas remotas o fronterizas que no pueden movilizarse a oficinas centrales.

Activación de esquemas de identificación para personas con necesidad de protección internacional y personas retornadas con necesidades de protección

en la cual se materializó en el trabajo del Instituto Nacional de Migración, a través de la creación de una herramienta de evaluación de vulnerabilidad aplicada por la Gerencia de Derechos Humanos que permite identificar personas con necesidad de protección internacional; por otro lado en la implementación de un protocolo de atención en los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMRs) para personas con necesidad de protección internacional.

Mirando hacia adelante

Promover la coordinación interinstitucional e intersectorial, incluyendo al sector privado, a nivel nacional y local

para fortalecer y mejorar la inclusión socioeconómica e incidir con las Secretarías de Trabajo y Educación para abordar las barreras en el acceso al trabajo y la educación de los solicitantes de asilo y refugiados.

Fortalecer la presencia del Estado en las comunidades en riesgo de desplazamiento

desarrollando programas de prevención y protección que atiendan las causas estructurales del desplazamiento y su impacto diferenciado.

Desarrollar estrategias dirigidas a la prevención y atención de riesgos específicos

que afecten a la población más impactada por la violencia, como las mujeres, los niños, las personas LGBTIQ, los maestros, los conductores de transporte, los comerciantes, por mencionar algunos.

Avanzar en la elaboración e implementación de una estrategia de prevención y protección en la educación

para combatir el reclutamiento forzado y la creación de un registro confidencial de tierras, vivienda y propiedad despojada o abandonada por la violencia.

Fortalecer la capacidad de recepción y atención, con la creación de centros integrales para personas con necesidad de protección internacional.

Promover programas y proyectos de generación de medios de vida para las personas retornadas, solicitantes y refugiadas.

Avanzar en la descentralización del sistema de asilo y ampliar mecanismos de recepción para personas con necesidades de protección internacional.

Consolidar el marco legal e institucional en materia de desplazamiento interno.