Panamá
El MIRPS en Panamá
Panamá es el hogar de casi 14.000 refugiados y solicitantes de la condición de refugiado. La población está compuesta principalmente por personas de Colombia, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Cuba; particularmente durante los últimos dos años, las solicitudes de asilo de venezolanos y nicaragüenses han aumentado exponencialmente. Covid-19 ha impactado enormemente a refugiados reconocidos y solicitantes de asilo en Panamá, como resultado de las restricciones de movilidad y la pérdida de su fuente de ingresos, tanto dentro del mercado laboral formal como informal. Esto también ha afectado su bienestar emocional.
Para hacer frente a la situación, como parte del MIRPS desde 2017, Panamá ha avanzado en la aplicación de sus compromisos de proporcionar protección y soluciones a los desplazados forzosos. El apoyo de la comunidad internacional ayudará a un sistema de registro mejorado, inclusión de refugiados y solicitantes de asilo en programas socioeconómicos, aumento de la presencia de ONPAR en las zonas fronterizas. Además se fortalecerá la capacidad de los funcionarios gubernamentales nacionales de diferentes ministerios de línea, a fin de atender las necesidades de miles de personas que buscan protección en el país.
Áreas de Enfoque en el Plan de Acción Nacional

Protección
11 compromisos

Empleos y medios de vida
3 compromisos

Educación
2 compromisos

Salud
1 compromiso

Protección social
3 compromisos
Avances según el informe de medio año 2025

Panamá aprobó una nueva categoría migratoria para solicitantes de refugio que no cumplen los criterios tradicionales, pero que han residido en el país de manera continua por al menos un año.

Se retomó la emisión de carnés de solicitante de refugio para solicitantes y sus familias; hasta la fecha se han entregado 352 carnés, garantizando identificación válida y libre movilidad.

Se desarrolló un Protocolo entre el Servicio Nacional de Migración y ONPAR para coordinar la recepción, evaluación y tramitación de solicitudes de refugio, fortaleciendo la cooperación interinstitucional.

Se elaboró un documento con propuestas de modificación a la normativa vigente para optimizar el proceso de solicitud de refugio, alineándolo con estándares internacionales y asegurando eficiencia y respeto a los derechos.

Durante el periodo se gestionaron 51 permisos laborales para personas con estatus de refugiado o en trámite de admisión, facilitando su inclusión laboral.