Al cierre del año, más de un millón de personas han sido desplazadas desde países de Centroamérica y México. Los conflictos sociales la violencia de género, el cambio climático y el impacto de la COVID-19 son factores emergentes que han exacerbado la vulnerabilidad subyacente y la movilidad acelerada. Los desastres naturales, las inundaciones y las sequías que afectan de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza y en entornos inseguros. En relación a la disminución gradual de las restricciones por la COVID-19, se ha observado un aumento en el movimiento transfronterizo de personas, lo que ha presentado un reto para los países receptores y de tránsito, que han fortalecido sus capacidades para responder ante tal aumento. Si bien los movimientos en grupos grandes y poco organizados han continuado, la mayoría de las personas que se desplazan por la región norte lo hacen individualmente, en grupos pequeños y cada vez más en unidades familiares. A inicio de 2021, 1,06 millones de personas se encontraban desplazadas en y desde El Salvador, Guatemala y Honduras, y más de 121.000 personas había huido de Nicaragua. Además, Costa Rica, México y Panamá habían recibido 262,107 refugiados venezolanos al final del año 2020. Si bien México ha seguido siendo un importante país de tránsito para las personas que se desplazan hacia el norte, se ha convertido cada vez más en un país de destino, procesando 51,200 nuevas solicitudes de asilo durante la primera mitad del año, particularmente de ciudadanos haitianos, para mitigar los riesgos de protección y explotación, y apoyar el acceso a los servicios básicos y al mercado laboral de estas poblaciones. En general, el número de solicitantes de asilo y refugiados en Centroamérica ha aumentado en un 70 por ciento, pasando de 41,851 en el año anterior a la adopción del MIRPS a 296,863 en 2021.