02 de septiembre de 2021.
La Alta Comisionada Auxiliar para la Protección de ACNUR, Gillian Triggs, visita un centro de atención para personas refugiadas en la ciudad de Tapachula, al sur de México. © ACNUR/Tito Herrera
SAN SALVADOR, El Salvador – Centroamérica y México se enfrentan a una presión sin precedentes a medida que aumenta el número de personas que buscan protección internacional en un momento en el que el acceso al asilo y al territorio se está limitando a través de preocupantes restricciones fronterizas, señaló Gillian Triggs, Alta Comisionada Auxiliar para la Protección de ACNUR, al concluir una misión de dos semanas en la región.
“En México, Guatemala y El Salvador he visto la tensión tremenda bajo la que se encuentra la región debido a los crecientes flujos de personas refugiadas y migrantes. Los gobiernos y la sociedad civil están haciendo esfuerzos extraordinarios para hacer frente a estos desafíos”, comentó Triggs.
En conversaciones con personas desplazadas internas, solicitantes de asilo y refugiadas, Triggs escuchó historias de violencia sexual, amenazas de muerte y extorsión en comunidades controladas por pandillas que – a menudo, unidas a las dificultades económicas y a los efectos del cambio climático – han obligado a casi un millón de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras a huir de sus hogares.
En Guatemala, Triggs ayudó a poner en marcha un programa dirigido por ACNUR y la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas con el objetivo de prevenir estos delitos en zonas aisladas del país mediante unidades móviles que llevarán información sobre derechos y servicios a quienes más los necesitan. En El Salvador, Triggs conoció enfoques innovadores centrados en la comunidad y dirigidos por el Gobierno para prevenir la violencia y empoderar a la juventud de las comunidades en riesgo.
“Crear las condiciones para que las personas se sientan seguras y protegidas en sus hogares es un paso esencial para abordar las causas profundas que las llevan a huir en esta región”, expresó.
Triggs también recibió con satisfacción el compromiso de El Salvador de actualizar el perfil de la población desplazada para prevenir los desplazamientos e informar de las respuestas a nivel comunitario.
México, que ha pasado de ser predominantemente un país de tránsito a un país de destino para miles de personas solicitantes de asilo, este año se enfrenta a una cifra récord de nuevas solicitudes de asilo, que podría superar las 100.000.
A medida que aumenta el número de personas refugiadas, desplazadas internas y retornadas con necesidades de protección, ACNUR continúa apoyando a los gobiernos para reforzar los sistemas de asilo y protección. La Agencia de la ONU para los Refugiados también ayuda a las personas a integrarse en sus países de asilo mediante programas de empleo, educación y ayuda psicosocial, con la participación activa de la sociedad civil. En México, más de 12.000 personas se han beneficiado de estas iniciativas de integración local.
Triggs destaó la necesidad de que los Estados no sólo proporcionen protección a las personas refugiadas, sino que también ofrezcan vías regulares de migración a través de la educación, la movilidad laboral, la unificación familiar y otros procesos de migración. “Diferentes necesidades requieren diferentes respuestas”, destacó.
Triggs también expresó su profunda preocupación por las recientes prácticas restrictivas en fronteras de la región, a raíz de las cuales se corre el riesgo de retornar a personas y familias que pueden tener necesidades urgentes de protección a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin que tengan la oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades.
“Escuché directamente a familias que se encontraban entre los miles de personas vulnerables expulsadas a Guatemala, lo cual es especialmente preocupante. Sin salvaguardas, estas expulsiones pueden infringir la prohibición internacional de devolución a situaciones de violencia y persecución”, apuntó.
ACNUR ha hecho un llamamiento al Gobierno de Estados Unidos para que ponga fin a las restricciones al asilo relacionadas con la salud pública del Título 42, bajo el cual se llevan a cabo estas expulsiones, y para que se restablezca el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.
“Todos los países han acordado compartir la responsabilidad de proporcionar protección a quienes huyen del peligro y la persecución, en lugar de delegar ese deber”, aseguró Triggs.
Con el espíritu de compartir la responsabilidad, seis países centroamericanos y México están trabajando de manera conjunta con el sector privado y la sociedad civil, con el apoyo de los países donantes, bajo el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS). Este mecanismo, actualmente liderado por Guatemala, busca abordar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado en la región.